Este jueves se ha vuelto a dar otra demostración de que la solidaridad entre los trabajadores puede conseguir objetivos que las instituciones no están dispuestas a ceder; se ha vuelto a para otro desahucio, en este caso en el barrio de Lavapiés, en Madrid. Un drama que se ha convertido en cotidiano para miles de españoles, que ven cómo descienden sus ingresos y se les arrebatan sus derechos más básicos, mientras que las instituciones miran hacia otro lado escudándose en la legalidad. Pero a su vez está siendo un drama que despierta cada vez a más vecinos y su solidaridad.

A las 6:30 de la mañana empezaron a llegar los furgones policiales a casa de Pepi. Era la tercera vez que la intentaban desahuciar en pocos meses y los antidisturbios cortaron tempranamente los accesos a la calle, pero los vecinos del barrio convocados por diferentes colectivos sociales y por el derecho de vivienda, se reunieron allí con el objetivo de paralizar el desahucio.

A las 10:00 la comisión judicial comunicaba que podía quedarse en su casa hasta que las administraciones le proporcionaran una alternativa, demostrándose que la solidaridad y la unión de los trabajadores podía frenar un desahucio más.

Pepi, viuda de 65 años y con dos hijas de 27 y 28 años, vivía en régimen de alquiler, pagando 400 euros al mes, unos gastos que podía costearlos. Pero su pesadilla comenzó cuando la empresa Inversión en Proindivisos S.L compró un tercio de las viviendas del edificio donde ella vive. Empezaron a recibir notificaciones de los nuevos dueños advirtiéndoles que no iban a renovarles el contrato del alquiler, pues querían reformar la casa y ponerlos en alquiler a precios más elevados. Al final consiguió quedarse, pero le subieron el precio del alquiler un %300, a 1.400 al mes, algo insostenible.

Ahora, Pepi queda pendiente de una nueva notificación judicial, para saber cuando tendrá que volver a abandonar su vivienda y la angustia y el desconcierto diario por si llega una nueva notificación crecen día tras día.