El pasado martes día 21, falleció un trabajador en Irun (País Basco) por intoxicación de amianto. El incidente sucedió en la planta de CAF, una empresa dedicada al diseño, fabricación y mantenimiento de ferrocarriles.

Al día siguiente, sus compañeros de planta convocaron un parón de dos horas para situarse en el recorrido que el coche fúnebre se disponía a realizar con el cuerpo del trabajador fallecido dentro. Un emotivo gesto que no fue solo a modo de solidaridad y respeto hacia su compañero, sino también a nivel de denuncia para visibilizar el caso y acabar con la exposición de los trabajadores al amianto, un hecho que, desgraciadamente, continúa siendo muy común entre el empresariado.

Con este fallecimiento son ya tres los trabajadores muertos por la exposición a este material contaminante en esta planta de Irun. Aún más, destacan los fallecidos por amianto en la planta de esta misma empresa ubicada en Beasain, 37 en concreto, y 49 son los muertos en la planta de Zaragoza. Cifras preocupantes que, sin embargo, parecen ignorar todos los partidos políticos y que, además, se esconden desde los medios de comunicación.

Desde el Comité de Empresa, en un comunicado a la compañía CAF, se le pide que “asuma su responsabilidad y renuncie judicializar estos temas para evitar prolongar el sufrimiento de estas personas y sus familiares”.

Estos hechos son del todo condenables puesto que el amianto es una sustancia química que fue prohibida en España en diciembre del año 2001, por tanto, está del todo prohibido su uso. Aún así, muchas empresas continúan utilizándolo y jugando así con la vida de sus trabajadores.