La Ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha anunciado este viernes un acuerdo con sindicatos y patronal para poner en marcha medidas de acuerdo con la nueva situación.

Se han acordado medidas tales como la prórroga de los ERTEs causados por el COVID-19 hasta el 30 de junio, que será aprobada en el Consejo de Ministros el próximo martes y el mantenimiento del paro para los trabajadores sin suficiente tiempo cotizado. Aunque también se ha aprobado la obligación por parte de las empresas de mantener seis meses los puestos de trabajo salvo si hay riesgo de concurso de acreedores.

Además, las compañías que se acojan a un ERTE no podrán repartir dividendos ni estar radicadas en paraísos fiscales. De igual manera, el acuerdo supone que también se mantiene la obligación de las empresas de mantener durante un mínimo de seis meses los puestos de trabajo de los empleados que se hayan visto afectados por un ERTE, a contar desde la fecha de reanudación de la actividad, a fin de mantener los máximos puestos de trabajo, pues se estima que habrá un porcentaje importante de personas afectadas por un ERTE que no volverá a su puesto de trabajo tras el estado de alarma y la vuelta a la actividad laboral.

Por otro lado, la presión de la CEOE ha provocado que trabajo ceda y el acuerdo recoja que “no resultará de aplicación el compromiso de mantenimiento del empleo en aquellas empresas en las que concurra un riesgo de concurso de acreedores”, flexibilizando así los despidos.