El Tribunal de cuentas ha anulado la pena impuesta a Ana botella por vender a bajo coste viviendas sociales a un fondo buitre.Tras conocer el fallo Mercedes González, portavoz socialista de Desarrollo Urbano en Madrid, afirmó que la consejera del tribunal debía haberse abstenido de su fallo, benevolente con ella,  por su relación con el el entorno de José María Aznar,ex presidente y marido de la acusada.

La denuncia de la socialista descansa sobre  la afinidad de dos miembros del tribunal con la acusada y su partido, el PP: la consejera del Tribunal de Cuentas Margarita Mariscal de Gente  (exministra de Justicia con Aznar) y el ponente : José Manuel Suárez Robledano , presidente de la Sección de Enjuiciamiento y exportavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura.

El comentado tribunal ha anulado la pena de ana botella y los concejales en su Junta de Gobierno por la venta de 1.860 viviendas sociales de propiedad pública  al grupo societario Fidere, sociedad inmobiliaria del fondo buitre Blackstone. Esto significa librar a los acusados de  pagar 23 millones de multa por la venta de estas viviendas a un precio inferior al del mercado.

Por otro lado Felipe García miembro del tribunal, designado por el PSOE ha emitido un voto diferente que sostiene que la operación fue “lesiva” para el patrimonio municipal y que la venta no seguía los principios de “publicidad, concurrencia, transparencia y objetividad”,ademas a critico la tasacion de las viviendas alude a la “inexistencia de un precio fundado y falto de tasación”.

Aun así la postura del Tribunal de Cuentas es que no se puede imputar “negligencia grave” a los acusados porque en la venta consta  la aprobación de un plan de viabilidad financiera, sin que esta fuese “impugnada en ningún modo”. Además también apoyan esta resolución a  la existencia de informes, que “no cuestionaron la operación inmobiliaria ni dictaminaron en su contra”. 

El tribunal considera que Botella y su equipo “no intervinieron directamente en las operaciones” que provocaron la venta del inmueble, aluden a que la gestión de esta era tarea de que  el exconsejero delegado, Fermín Oslé. 

El fallo razona alegando que las acciones de los acusados no fueron la causa directa de que se produjera el perjuicio a los fondos municipales y que por lo tanto no pueden ser sentenciados por una responsabilidad directa.

Finalmente el fallo hace hincapié en que en 2012 la EMVS (empresa pública propietaria de las  viviendas) “enfrentaba una situación crítica”, añaden además que no se pueden obviar “cuáles eran las condiciones generales del mercado”,describiendo un mercado financiero en “desplome” reacio a ceder créditos. 

Alegan también que en 2011 y 2012 algunas de las viviendas de la empresa pública ya habian salido a subasta, aunque normalmente, con una baja retribución lo que demostraba, para el tribunal, el poco éxito de ese  procedimiento.