El Tribunal de Cuentas ha eximido este martes a Francisco Javier Guerrero, exdirector de Trabajo y Seguridad Social, como responsable directo, de devolver 1,97 millones de euros por conceder una ayuda en el marco de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares por haber prescrito.

La magistrada ponente del tribunal de cuentas es Margarita Mariscal de Gante, quien hace unos días también decretaba anulación de la condena de Ana Botella y su equipo por la venta a bajo coste de viviendas sociales al fondo buitre Blackstone.

La sentencia aclara que el acusado sería el responsable del abono de 1.970.933,80 euros (incluyendo intereses) por el daño generado a raíz de la concesión de una ayuda destinada a la financiación de Planes de Viabilidad a la empresa Hijos de Andrés Molina S.A., la cual no puede declararse responsable al haberse disuelto años antes.

El Tribunal de Cuentas afirma que en diciembre 2002 el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) ordenó la transferencia de 1,2 millones de euros “para la promoción sociolaboral de los extrabajadores de Hijos de Andrés Molina” indicando que se trataba de derechos adquiridos de éstos.

Más tarde, en marzo de 2003 se ordenó transferir a Hijos de Andrés Molina 300.000 euros indicando que ” se trataba de pago de convenio”.
Finalmente unos 300 euros a la misma compañía ya en 2004, que el IFA ordenaba transferir, de nuevo indicando: “pago de convenio”.

Tal y como dicta la resolución dichos hechos fueron investigados en actuación previa 116/2013, de este Tribunal en inspeccion de las ayudas sociolaborales a trabajadores afectados por ERES y empresas en crisis otorgadas por la Administración andaluza entre 2001 y 2010.

Entre dichas ayudas se encuentra el expediente de subvenciones brindadas a Hijos de Andrés Molina. Este caso, junto a otros, ha resultado ser “un uso inadecuado” de la figuras de financiación que manejaban los acusados.

Además, el magistrado declara que el hecho de calificar esta ayuda como subvención excepcional ha derivado en un “abuso” del margen de la discreción administrativa en su concesión, lo que significa que las ayudas fueron concebidas “sin acreditar el fin o interés público perseguido con las mismas” es decir sin una justificación regular.

Por todo esto el Tribunal de Cuentas resuelve que, desde la responsabilidad contable, la concesión con fondos públicos, en concepto de ayuda “prescindiendo absolutamente” del procedimiento administrativo que es el delito investigado ,constituye “un hecho dañoso” para los fondos públicos algo que debemos llamar “malversación”.

Pero aún todo esto el tribunal indica que siendo el último pago en 2004 las responsabilidades contables “estarían prescritas”, ya que el plazo de prescripción de cinco años ya se habría superado. Por lo tanto el dictamen final del magistrado exime al acusado de abonar los 1,97 millones de euros por el proceso irregular y el el uso inadecuado de la financiación pública.