El Alto Tribunal rechaza el recurso presentado por la familia del dictador y avala la decisión del Gobierno de retirar sus restos del Valle de Los Caídos. Del mismo modo, da el visto bueno al informe que negaba la posibilidad de situarlos en la Catedral de La Almudena, siendo finalmente trasladados al cementerio de Mingorrubio, en El Pardo.

Los seis magistrados de la Sala de lo Contencioso-Administrativo han desestimado por unanimidad el recurso de la familia Franco, la cual alegaba la vulneración de los derechos fundamentales a la intimidad personal y la libertad religiosa, respaldada por los recursos de la comunidad benedictina del   Valle de los Caídos, la Fundación Francisco Franco y la Asociación para la Defensa del Valle.

Para ello, se han amparado en la Ley de la Memoria Histórica y en el creciente interés general suscitado por la exhumación del dictador. 

Por otra parte, el Tribunal ha rechazado la petición de la familia de que, en caso de ser aprobada la exhumación, los restos fueran trasladados a la Catedral de La Almudena, donde la hija del dictador, Carmen Franco y Polo,compró en 1987 una sepultura a perpetuidad. 

El informe presentado por el Gobierno de España consideraba inadecuado el emplazamiento de la Almudena por su situación céntrica, el interés turístico y la posibilidad de que esta se convirtiera en un lugar de peregrinación para los nostálgicos del régimen y simpatizantes del fascismo.

Además, los expertos mencionaron la amenaza terrorista o incluso los posibles enfrentamientos entre detractores y partidarios dentro de la cripta de la catedral.

No obstante, la exhumación de Franco tras la decisión del Supremo    no va a ser inmediata. La razón es que existe otro procedimiento abierto en un    juzgado de lo contencioso de Madrid    que desde febrero tiene paralizada de forma cautelar la licencia de obra para abrir la sepultura donde se encuentra Franco. 

Por lo tanto, hasta que no se celebre la vista para resolver este litigio no habrá sentencia. Esta, a su vez, podría ser recurrida de forma posterior ante el Tribunal Superior de Madrid, una circunstancia que demoraría algunos meses más el procedimiento.