Francisco González afirma en declaración judicial que el consejo de administración ordenó extremar su protección debido a los contactos del Presidente de Ausbanc, Luis Pineda, con el mundo del crimen.

El testimonio realizado por el expresidente del BBVA, Francisco González, corresponde a uno de los encargos realizados por la entidad bancaria al excomisario José Manuel Villarejo, cuyo objetivo era protegerlo ante el riesgo de atentado contra su vida. Durante su declaración en la Audiencia Nacional, González ha asegurado que le llegó la información de que “mandados” del entonces presidente de Ausbanc, Luis Pineda, podían atentar contra él.

Respondiendo a las preguntas de los tribunos, González declaró desconocer el alcance real de la amenaza, puesto que esa información es omitida por el equipo de seguridad con la intención de proteger la integridad psicológica del protegido. El informe sobre su seguridad fue enviado por Rafael Redondo, de Cenyt (la empresa del ex comisario Villarejo), a Corrochano, jefe de seguridad del BBVA.

González presentó a Pineda como a un gángster que intentaba extorsionar al banco. El BBVA presentó una denuncia anónima tras la recomendación de sus servicios jurídicos, con el objetivo de preservar la integridad física de trabajadores del banco. Según dio a entender González, existía un temor fundado por parte de miembros de la entidad a que Pineda tomara represalias personales contra los que denunciaran los intentos de extorsión.

Preguntado por los fiscales sobre si realmente es posible que se salten los controles internos del banco, como supuestamente sucedió con la contratación de José Manuel Villarejo, de la cual el expresidente niega tener constancia alguna hasta verse publicadas las informaciones en los medios de comunicación, González respondió afirmando: “En una institución de 130.000 personas hemos tenido bastantes incidentes”.

De todas formas, Fiscalía Anticorrupción sostiene que hay indicios sólidos para acusar al BBVA de haber contratado a las empresas de José Manuel Villarejo para trabajos de inteligencia a sabiendas de la condición de policía en activo del excomisario (irrumpiendo en un delito de cohecho) y de la utilización por parte de éste de medios ilícitos para la obtención y acceso a información reservada con vulneración de derechos fundamentales.