El Partido Popular de la comunidad de Alicante se financió durante los años 2017 y 2018 con fondos públicos de la Diputación de Alicante, a pesar de que en la normativa de la institución provincial esté prohibido destinar dinero a gastos ordinarios del partido.

El diputado de Compromís, Gerard Fullana, ha sido el que ha llevado la presunta irregularidad a los juzgados.

Durante esos dos años, el presidente de la Diputación y líder del PP era César Sánchez, que en ese tiempo ostentaba el máximo cargo de Transparencia en la ejecutiva de Pablo Casado. Actualmente, es diputado en el congreso, y tiene responsabilidades en la dirección de Alicante como secretario ejecutivo de Marketing Electoral.

Debido a que el PP de Alicante se ha negado a presentar justificaciones de los gastos del dinero desviado, es posible que el procedimiento contencioso administrativo se convierta en un proceso penal. El actual presidente de la institución provincial, con los apoyos de PP y Ciudadanos, ha cambiado la forma con que se deben controlar estos gastos de los grupos políticos, y ha prohibido que ese dinero público se utilice de manera inadecuada.

Según se ha denunciado, César Sánchez financió encubiertamente su partido con los fondos que se otorgan a los grupos políticos de la diputación. De hecho, al llegar a la institución quintuplicó los recursos para grupos políticos según su representación. En concreto, pasaron de ser 105.000 euros a ser 518.000.

Además, el PP acabó el mandato anterior sin justificar en qué se gastó ese medio millón de euros. La gerente reconoció que 251.623 euros fueron destinados a pagar gastos ordinarios del partido, algo expresamente prohibido. La presunta malversación se salta también el código ético del partido.