La ponente del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, ha iniciado el primer paso penal contra el Ejecutivo estatal, por la celebración de múltiples concentraciones masivas por el 8-M, días antes de la declaración del estado de alarma.

Después del reparto por el decanato, el 20 de marzo, la denuncia de una persona contra el Pedro Sánchez y sus representantes en las distintas Comunidades Autónomas, la juez ha iniciado diligencias previas en concreto al delegado de Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, ya que es el único que puede enjuiciar.

La juez solicita al denunciante que, si quiere, envíe el procedimiento ante los órganos precisos, sobre Pedro Sánchez, ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo y al resto de los delgados del Ejecutivo, ante los respectivos tribunales autonómicos, argumentando en su auto que las diligencias previas que se inician en contra de Manuel Franco son por un posible delito de prevaricación en concurso con lesiones por imprudencia profesional.

La denuncia, que no solo se limitaba a la celebración de la masiva manifestación del Día de la Mujer, detalla que en la comunidad hubo 77 reuniones multitudinarias desde que, el 2 de marzo, el Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades emitiera un informe de aviso.

A parte de iniciar la investigación, la magistrada exige una serie de diligencias de investigación a los cuerpos de seguridad y al médico forense, explicando que no son de tramitación inmediata y en atención a las posibilidades del desarrollo del estado de alarma.

La titular del Tribunal subraya que el derecho de reunión amparado constitucionalmente tendría que haberse acortado. No obstante, tiene varias incógnitas acerca de la definición de los sucesos hechos por el denunciante.

”La calificación jurídica puede ser esta o puede ser esta en concurso con otras”. El auto establece que hay, hoy en día, varias preguntas sobre las cuales se desconoce gran parte. Argumenta que no se sabe si el informe europeo fue enviado de manera oficial a España, qué día y a quién. También se desconoce si la Delegación de Gobierno fue obligada a avisar acerca de los riesgos de contagio del virus en estas manifestaciones incluyendo denegar o permitir su celebración. ​

Por este motivo, se considera menester exigir varias diligencias. Exige al medico forense un dictamen acerca de si las concentraciones pudieron ser focos de provocar afecciones para la salud y, en caso afirmativo, si era previsible en esos días. Pide, también, unos datos estadísticos en los que se establezca si hay cifras que resalten el daño: “Por ejemplo, a la vista del índice de personalidades relevantes que acudieron”, subraya.

Manda a Policía y Guardia Civil rastrear el dictamen del organismo europeo y la realidad acerca de los consejos sanitarios del ejecutivo en los días anteriores a las manifestaciones. También todas las comunicaciones realizadas a la Delegación del Gobierno y se recomendó que se usaran medidas de prevención como guantes o mascarilla para ir a esas manifestaciones.