En 2005, la entidad financiera BBVA se encontraba bajo una operación coordinada por parte del Gobierno del PSOE de Zapatero y la multinacional Sacyr para hacerse con el control de la empresa. Como parte de la estrategia del BBVA, el comisario José Manuel Villarejo estuvo vendiendo información a sus directivos.

La noticia la han destapado El Confidencial y el actual gobierno del PSOE. Según dicha información el comisario facilitó a los directivos del BBVA “el detalle” de hasta 15.000 llamadas telefónicas.

Así, la directiva del BBVA se anticipó a cada movimiento del que denominaron Grupo Hostil, apodo que utilizaban para referirse al grupo de empresarios y políticos que conspiraron para hacerse con la presidencia de la empresa financiera.

De esas llamadas, 7.121 eran relativas a las personas involucradas en las hostilidades de Sacyr al BBVA como Miguel Sebastián, ministro en la segunda legislatura del PSOE de Zapatero. Fueron espiados un total de 3.925 teléfonos diferentes entre fijos y móviles. Para saber qué teléfonos pinchar la operación criminal llegó a salpicar a Telefónica, donde contactos policiales utilizaron recursos públicos para darle un listado telefónico a Enrique García Castaño, también comisario y secuaz de Villarejo.

Además, Villarejo recibió un pago de 517.600 € de BBVA por buscar debilidades de los miembros del Grupo Hostil. Su finalidad era recabar “detalles precisos” sobre su estrategia, así como “aspectos personales censurables” relativos a “la vida privada, relaciones sentimentales, costumbres sexuales, consumo de alcohol o drogas, problemas con Hacienda”.

Entre los investigados se encontraban también otros supuestos participantes del Grupo Hostil, como directivos de El País o Cadena SER.

Finalmente, la denominada por los directivos del BBVA y Villarejo Operación Trampa, logró hacer prevalecer los intereses de los entonces directivos del BBVA, aunque con las recientes filtraciones de una parte y otra queda de nuevo al desnudo el altísimo grado de corrupción y el papel del Estado y las fuerzas policiales como representantes de los intereses de los grandes empresarios. Esta vez la puerta giratoria ha chirriado.