El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha enviado a juicio a 47 personas por su integración o su connivencia con los Ángeles del Infierno implantados en Baleares a partir de 2009.

La Fiscalía Anticorrupción pide hasta 38 años y medio de cárcel por un rosario de delitos que van desde la prostitución, la extorsión y el tráfico de drogas hasta la detención ilegal, el fraude y el blanqueo.

Se trata de una rama afincada en España de la Hell’s Angels Motor Club (HAMC), una de las principales bandas moteras que operan al margen de la ley en el continente europeo y que desembarcó en Mallorca en 2009 tanto por su situación geográfica como por la existencia de negocios de alterne y la posibilidad de blanquear, traficar y
extorsionar a población extranjera.

La causa llegó en 2012 a la Audiencia Nacional, cuando se constató que los Ángeles del Infierno de Baleares funcionaban como organización criminal y se relacionaban con otros establecidos en Luxemburgo, Turquía y Alemania.

Tras meses de seguimientos y escuchas telefónicas, las primeras detenciones se produjeron en julio de 2013 en la llamada ‘Operación Casablanca’ y además de los integrantes de la organización, cayeron dos policías locales y un guardia civil que les habrían dado cobertura.

Ahora, el caso está pendiente de que se señale la fecha en que se sentarán en el banquillo el fundador de esta rama o ‘capítulo’ de los HAMC, Frank Arim Hanebuth, para quien la Fiscalía Anticorrupción pide 13 años de prisión por organización criminal, amenazas, blanqueo y tenencia ilícita de armas, y sus dos lugartenientes, los hermanos Youssafi, que afrontan hasta 38 años y medio de cárcel, además, por prostitución y detención ilegal de tres mujeres.

En cuanto a los agentes de la Policía Local de Mallorca acusados, la Fiscalía Anticorrupción señala a ‘Nica’ Góngora y pide 7 años y medio de prisión por organización criminal y cohecho. Describe, además de sus relaciones con los acusados, que “realizaba por cuenta ajena trabajos relacionados con labores policiales, por las que cobraba ciertas cantidades de dinero” apoyándose en “agentes en activo conocidos suyos, integrantes de la Policía Local de Palma, Guardia Civil y Policía Nacional, los cuales también cobraban”.